Una cosa es que no siga nada o que se haga el loco como suele ocurrir con los próceres de este gobierno y otra que se pronuncie frontalmente como lo hizo ayer. Maduro, para la historia que vendrá, es sencillamente un cómplice.

Montó su olla para responder a la Hija de Simonovis con su carta de solicitud de clemencia sobre el caso de su padre Iván Simonovis, bien conocido por todo el país. Se buscó a familiares de las víctimas chavistas y las puso a declarar en VTV, para pronunciarse en términos definitivos sobre los condenados, según reseña El Universal: El vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, recibió hoy, en la sede de la Vicepresidencia, a los familiares de las víctimas del 11 de abril de 2002. Desde allí, Maduro advirtió que no puede haber impunidad. "La ley tiene que caer con todo su peso sobre esos criminales", dijo, y agregó que "la impunidad deja la puerta abierta a la traición".

Pero Maduro, el representante de los Castro en la tierra, olvida que el magistrado antes chavista Aponte Aponte, militar también, había confesado por medio de una carta que el juicio contra los comisarios y policías, entre ellos Simonovis había sido amañado y que recibió órdenes del mismo Chávez para acabar con los acusados y de manera rápida. Una canallada más originada en los hechos del 11A. Maduro, con esta intervención pública, se gana su puesto también en la historia de las persecuciones y violaciones de Derechos Humanos del régimen castrochavista en Venezuela.

Reproducimos parte de la nota periodística con carta del militar escapado, ex magistrado Aponte Aponte: Un grupo de dirigentes políticos en el exilio y el abogado Carlos Ramírez López, presentaron hoy una carta del ex magistrado Eladio Aponte Aponte donde confiesa como se montó el caso 11 de abril para condenar a 30 años de prisión a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas y los funcionarios de la Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Arube Pérez, Luis Molina, Héctor Robain, Marcos Hurtado y Julio Rodríguez.

Ramírez López, quien representa a los comisarios y funcionarios ante las organizaciones internacionales de derechos humanos y es el abogado de los perseguidos y exiliados políticos, leyó la carta que el ex magistrado Aponte escribió en Costa Rica y que, además, "comprueba la utilización del Poder Judicial en Venezuela para actos de persecución política".


"Es un deber inaplazable y ante todo, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, la orden  de condenarles a 30 años de prisión como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directa del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó", reza la carta firmada por Aponte Aponte y notariada en Costa Rica.


"No pretendo ser liberado de mis responsabilidades, ya que nadie lo justifica, sólo quiero confesar para descansar un poco mi conciencia, ya que ahora estoy sintiendo en carne propia lo que se siente ser perseguido", continúo la lectura el abogado de los exiliados políticos.

Aponte Aponte, también confesó que fue quien "ordenó al Juzgado 13 de Control que decretará la orden de  captura que le solicitó la fiscal Luisa Ortega Díaz, aun cuando dicha jueza no tenía competencia en el caso que estaba radicado en Maracay".

Asimismo, asegura que también mantuvo comunicación con la jueza Marjorie Calderón de Maracay y la fiscal Haifa El Aissami "para que hicieran todo para retrasar el juicio y así causarle toda clase de penurias con los traslados y para que finalmente se produjera sentencia condenatoria a como de lugar, sentencia que entregué en formato digital a dicha jueza".


"La orden que me dio expresamente el presidente Chávez era: Salir de eso de inmediato sin mas tardanzas. Condénelos de una vez", precisó Aponte Aponte, quien indicó estar dispuesto a ratificar la confesión en Tribunales "independientes, con jueces imparciales y en un país donde haya democracia verdadera y libertad".

Mayor descaro no puede haber.

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