Canadá, Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña y España se han abstenido discretamente de felicitar al gobierno reelecto en Venezuela tras las elecciones del 7-O.

Sólo aliados  como Argentina, Bolivia, Brasil, la Cuba de Raúl Castro, las FARC y por último el Hezbolá se apresuraron a felicitar. Colombia y Francia se aventuraron  sorprendentemente a hacer el gesto de "cortesía".

No esconden los miembros de Petrocaribe un suspiro adulador. No se explican los observadores posición tan zalamera cuando los gobiernos de la democracia -de cualquier signo- desarrollaron con fidelidad planes de cooperación en materia petrolera  con las naciones centroamericanas y del Caribe. Por poner una fecha, en 1980, Venezuela y México firmaron el famoso Acuerdo de San José  para suministro de hidrocarburos en condiciones beneficiosas a 11 países del Caribe y de Centroamérica.

Hoy día queda  en entredicho todo este protocolo de "felicitadera" tras revelarse los detalles de ventajismo electoral que están muy cerca de "la corrupción". Estos hechos quedaron en evidencia con la investigación de  Expediente de El Universal este domingo13 de octubre. Es chocante esta disposición de ciertos países a felicitar a Hugo Chávez cuando ni siquiera sus seguidores han festejado espontáneamente por los seis años más en el Palacio de Miraflores.

La abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano dijo en el videochat de eluniversal.com este martes 16 de octubre que "el uso de recursos del Estado el 7-O debe ser investigado civil, penal y administrativamente" porque, a su juicio, constituyen un ilícito que hay que denunciar. Se refería a la "operación remolque" del candidato oficialista Hugo Chávez para reelegirse y mantenerse hasta por 20 años en el poder, hechos en los que participaron PDVSA, la Guardia del Pueblo con uso de generosos fondos líquidos para movilizar con todo descaro institucional, en todo el país, a votantes desde las 3:00 p.m. usando para ello infraestructura del Estado.

En la ley anticorrupción venezolana están expresamente prohibidas tales actividades, en particular en el artículo 68 según el cual, "...El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años...."

El gobierno exhibió las peores prácticas políticas para imponerse. El manual más básico de la democracia puede catalogarlos de premeditado abuso. La ingenuidad no tenía permiso para colarse en este análisis, por supuesto. Ni siquiera el dicho aquel  de que en diplomacia no hay amigos sino intereses.  Es obvio que hay algunos actores de la comunidad internacional que se muestran, cuando les conviene, como las esculturas asiáticas de los tres monos que se tapan los ojos, los oídos y la boca.