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DERECHO INNOVADOR
Por MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ


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Póliza de seguro y medicina prepagada

17.12.2012
11:22 AM


La medicina prepagada constituye una forma de actividad aseguradora sujeta al control, vigilancia, supervisión, autorización y regulación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y, por tanto, quienes la prestan deben cumplir con la normativa prevista en la Ley de la Actividad Aseguradora publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010.

Las empresas cuyo objeto es la medicina prepagada brindan un servicio de salud, el cual es público. Por ello, sin importar su denominación técnica, estas empresas representan una forma de actividad aseguradora de riesgos médicos, similar a la desplegada por las empresas de seguros en cuanto a que asumen consecuencias ajenas de problemas de salud, manejan recursos captados del público, y obtienen un lucro con el ejercicio de esa actividad. Aún más, el artículo 83 de la Carta Magna venezolana estatuye que la salud es un derecho social fundamental. Todo lo vinculado a la prestación del servicio de salud está sometido a la revisión del Estado, bajo reclamos del asegurado.

En la práctica, esta utilidad se pacta entre las partes: el usuario y el asegurador. Es un contrato pro forma que responde a un texto preestablecido o de adhesión en el cual queda excluida cualquier posibilidad de debate o dialéctica entre las partes, ya que sus cláusulas son determinadas sólo por el asegurador. El asegurado se limita a aceptar en bloque todo lo que ha sido establecido por el primero.

El Contrato Familiar de Servicios de Asistencia Médica suscrito entre el interesado en gozar de auxilio médico prepagado está subordinado a la aprobación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ya que para su redacción no interviene la voluntad del asegurado. Las compañías aseguradoras y los usuarios, al firmar este contrato, harán constar las enfermedades que sufren los usuarios y que, por su preexistencia, no están incluidas dentro de los beneficios del contrato. Es obligación de las aseguradoras realizar los exámenes pertinentes para descartar la existencia de posibles enfermedades que el usuario pudiera presentar. Asimismo, el asegurado, al suscribir el contrato, está obligado a declarar los padecimientos previos al convenio, a fin de precisar la extensión de los riesgos en el contrato. Por último, las aseguradoras que aleguen una enfermedad preexistente deben demostrar la existencia de esa circunstancia con anterioridad a la contratación de la póliza.

Escritorio Jurídico

Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

asomivis@gmail.com

www.protejase.com.ve

El delito de violencia psicológica está penado con prisión en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, esta ley tipifica el delito de acoso u hostigamiento con una penalidad entre ocho y veinte meses de prisión. Estos son delitos a ser señalados en la Acusación Penal formulada por la Fiscalía o Ministerio Público, en contra de la persona imputada o agente causante de los daños.

El mobbing es la persecución laboral y violencia psicológica contra la mujer, el acoso o perturbación de cualquier índole. Es todo actuar o comportamiento negativo entre compañeros de trabajo o entre superior e inferiores jerárquicos, en el cual la afectada padece de los ataques sistemáticos durante cierto tiempo. Mobbing es cualquier conducta abusiva, palabras, gestos y escritos que atentan contra la personalidad, dignidad o integridad de la persona, o que pueda poner en peligro su empleo o degradar el ambiente laboral.

¿Cómo se demuestra el mobbing dentro del juicio penal seguido al presunto responsable? Con las declaraciones de testigos presenciales de los hechos denunciados; escritos o documentos; inspecciones, e incluso con el examen médico (experticia) practicado a la víctima por presentar un trastorno de ansiedad devenido de la problemática laboral. Probada la culpabilidad del acusado por el delito de acoso u hostigamiento generado en el área laboral, el tribunal penal dictará la sentencia condenatoria respectiva.

Aunado al castigo penal, la mujer que ha sido víctima de mobbing puede exigir al responsable la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Se trata de una demanda por reparación del daño moral. Esta se puede intentar ante el tribunal laboral en el caso de que sea una persona empleada del sujeto abusador; o en el tribunal competente según la materia, por lo que se recomienda asesoría jurídica de abogados especialistas. Y nos preguntan: ¿cómo se determina el monto de la indemnización por mobbing? La respuesta está al aplicar la teoría de la Responsabilidad Objetiva: procede el pago a favor de la víctima de forma independiente a la culpa del patrono; o bien, de la culpabilidad acreditada en la sentencia penal mencionada. De seguidas, el tribunal pasará a cuantificar el monto de la indemnización en atención a: la magnitud del daño físico y psíquico; al nivel de estudios y cultura de la víctima; a la posición social y económica de ésta; y a las referencias de sueldos o salarios devengados en el pasado, entre otros elementos.

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Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

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La persona que tiene deudas por pagar y no cumple, asume el riesgo de sufrir un embargo sobre los bienes de su propiedad. Nos preguntan: ¿qué es un embargo?, ¿quiénes pueden embargar las cosas del deudor? Cuando se tienen facturas por cobrar, recibos, letras de cambio o giros, pagarés e incluso cheques no pagados, puede acudirse a los tribunales para demandar por cobro de bolívares al deudor. En la demanda se pedirá al juez que ordene una medida preventiva para asegurar las resultas del juicio: el embargo.

Además del embargo, existen otros mandatos judiciales para procurar el cobro de la deuda: el congelamiento del dinero habido en las cuentas bancarias manejadas por el deudor y la prohibición de vender o hipotecar bienes inmuebles (apartamentos, casas, terrenos u otros) que figuren en el Registro Inmobiliario a nombre del demandado obligado a pagar.

¿Cómo se practica el embargo sobre bienes propiedad del deudor? El tribunal ejecutor de la medida de embargo se traslada al domicilio, residencia o lugar de trabajo del demandado. En ese momento, el juez entrega al deudor el escrito de la demanda en su contra y los recaudos demostrativos de la deuda (facturas aceptadas, contratos violados).

En consecuencia, el día del embargo dos escenarios pueden ocurrir: que el deudor persista en negarse al pago, lo que provocará que el tribunal se lleve los bienes a una depositaria judicial. Por el contrario, si el deudor paga, se libera del embargo. Con el embargo se busca que el deudor ofrezca al acreedor un acuerdo o plan de pago. Es potestativo del titular de la acreencia aceptar dicha propuesta o no. Todo depende de las garantías que anuncie el ejecutado y del plazo para el pago total de la deuda. Lo aconsejable es la mediación entre las partes.

La investigación sobre el patrimonio del deudor a realizar por el abogado del acreedor es fundamental para lograr la cobranza de las deudas pendientes de pago. La razón del aserto anterior obedece a que cuando el deudor carece de bienes, la deuda es incobrable. De ser esa la situación, el acreedor debe esperar a que el deudor adquiera cosas a su nombre. El deudor responde con sus bienes habidos y por haber. En este sentido, nada obsta conforme a derecho que la persona demandada, antes de haber asumido deudas, exhiba un patrimonio bajo protección o blindaje lo que se traduce en bienes no susceptibles a ejecución judicial (embargos). No obstante, la regla a seguir es que el deudor satisfaga sus obligaciones mediante el pago oportuno.

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Manuel Alfredo Rodríguez, A.C.

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Manuel Alfredo Rodríguez

asomivis@gmail.com

Abogado UCV (1989). Especialización y Magister en Derecho Penal. Doctorado en Derecho Constitucional (en curso). Estudios Superiores en el IESA y UNIMET. Profesor Universitario Pre y Postgrado UCV, USM y UCAB. Locutor UCV y P.N.I. Nº 20.768. Autor del Libro: Heurística del Derecho de Obligaciones. Apoderado de empresas nacionales y extranjeras. Agente de la Propiedad Industrial (SAPI) Fundador y Director del Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez, A.C., con sede en Caracas, Guayana y en las principales ciudades del pais; en Nueva York y Miami, USA






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