Día a día observamos la privatización de las aceras: los buhoneros llegan, casi sin hacerse notar, extienden sus manteles y se hacen propietarios de un pedazo de espacio público. El territorio, que había sido ganado por el ciudadano, se fragmenta en cuadros de colores y en pequeñas porciones. Los que por allí caminamos, simplemente nos arrimamos, nos arrinconamos a lo que va quedando. Luego colocarán el tarantín, tomarán la energía eléctrica del poste y sentarán las bases de sus negocios, despojándonos a todos del espacio para caminar.


Así también pasa con los motorizados: se apropian de las autopistas donde además, con la violencia como herramienta, imponen sus propios códigos acerca de lo que se puede o no hacer (atrévanse a cruzar de un canal a otro, por ejemplo). La delincuencia es la dueña de los barrios, donde gobierna –sin piedad- sobre la vida de todos. Allí la gente vive a su merced, sufre un toque de queda permanente, paga peaje y se somete a los caprichos del jefe de la banda de turno, mientras se protege, como puede, de los tiroteos.


Las clases medias privatizan la seguridad al cerrar calles, construir garitas y contratar vigilantes, ante la ineficiencia de la policía para protegernos. O escogen para sus hijos escuelas privadas porque las públicas no garantizan una educación de calidad, a pesar de que es con sus impuestos, como se pagan estos servicios.


En estos días llamó al periódico una pareja aterrada. Un grupo de personas intentó invadir su edificio en la madrugada. El inmueble, que se encuentra en Catia y no es precisamente de gente pudiente, pudo resistir porque los vecinos alertaron a las autoridades y las rejas eran pesadas. Desde ese día y aunque los invasores no llegaron a entrar, no pueden conciliar el sueño. Otros edificios invadidos viven bajo el régimen de los líderes que promovieron la toma: deben cancelar una cuota mensual o pagar por sus apartamentos. Y en los barrios que se inician, los invasores de oficio hacen negocios con la venta de los terrenos.


La anarquía promueve la falta de institucionalidad, fomenta el triunfo del más violento y logra que desaparezcan los canales de mediación entre los ciudadanos que garantizan la convivencia. Si respetáramos las normas, la relación entre todos sería más equitativa (para eso existen semáforos, que dejan pasar a unos primero y a otros después. Cuando se dañan, se instala la locura, porque todos quieren pasar al mismo tiempo. Por lo general, pasan primero los más guapos o los más vivos) .

Estamos ante un llamado "socialismo", que en lugar de beneficiar al colectivo, privilegia a unos pocos. Así se puede leer en las relaciones que se dan en la ciudad, donde la falta de gobierno facilita que prevalezca el egoísmo de unos pocos que son más fuertes, más relacionados con el poder o más armados, mientras el resto -todos nosotros- intentamos sobrevivir a la barbarie.  
 

Rescatar al espacio público para el disfrute de todos -que en sí mismo es un ejercicio democrático, porque allí confluyen todos los sectores sociales, tendencias políticas, razas, religiones- puede ser el principio para erradicar la anarquía. Hagamos nuestro un eslogan: ¡No a la privatización de las aceras!